La Academia Carolina fue creada en 1776 en La Plata, capital de la Audiencia de Charcas, jurisdicción que tenía a cargo el Alto Perú, una región dos veces más grande que el territorio actual de Bolivia, que se extendió desde el Pacífico hasta el Paraguay, desde los confines del imperio brasileño hasta la provincia rioplatense de Salta del Tucumán. La función de la institución Carolina, en calidad de academia de práctica forense, era la de formar abogados.
Allí se encuentran los diferentes documentos exigidos para entrar a la escuela y luego al foro: fe de bautismo, certificado del bachillerato de derecho, certificado de buenas costumbres, naturaleza de los exámenes rendidos, juramentos de integración al foro, etc. De 1776 a 1809, fecha que coincide con los comienzos de la agitación revolucionaria, terminus ad quem de este análisis, al menos 362 abogados son formados en Charcas. El estudio de los expedientes subsistentes en los archivos permite ver, a partir de los datos sociológicos que estos procuran, la constitución, la producción de una élite ilustrada de intelectuales, cuya acción en la época de las luchas por la independencia se reveló esencial. Es por ello que la Academia Carolina de Charcas fue una “escuela de dirigentes para la independencia”. Su prestigio y su novedad hicieron que se impusiera rápidamente como la única institución de estudios jurídicos de alguna importancia en todo el Río de la Plata, al cual el Alto Perú había sido anexado en 1776. Esta escuela que se adhería, parcialmente, a la ideología de la Ilustración, atrajo numerosos estudiantes quienes, llegando desde todos los puntos de América, se iniciaron allí en las austeras delicias del estudio de decretos, leyes, juicios y considerandos. Por su excelente formación, los egresados ejercían luego cargos importantes en el terreno judicial, administrativo e incluso político: la originalidad de este fenómeno y el interés de la Academia Carolina, residen en el hecho de que estos abogados ejercieron sus funciones en los nuevos estados independientes, de los que constituyeron, en gran parte, las altas esferas de la administración y la justicia, así como también la élite política. Es por ello que el análisis de su formación universitaria -constituida de estudios largos y difíciles-, es un terreno de la historiografía andina poco explorado aún, pero fecundo, pues permite entender mejor la génesis del imaginario político e intelectual de un grupo cuyo destino es notorio. Muchos de estos abogados participaron en los movimientos revolucionarios de emancipación. Algunos nombres y cifras ilustran este compromiso: Bernardo Monteagudo, Mariano Moreno, Juan José Castelli, José Joaquín de Lemoine, Jaime de Zudáñez, posible autor del manifiesto redactado en Chile en 1810, Catecismo político cristiano, y asesor de O'Higgins, así como también el 35% de los miembros de la junta insurreccional de La Paz en 1809, tres miembros de la junta de Buenos Aires en 1810 y 15 de los 31 diputados que, en 1816, proclamaron la independencia Argentina.

Fue inaugurada en la ciudad de La Paz el 13 de agosto de 1926 durante la Presidencia de Hernando Siles Reyes bajo el nombre de “Academia Nacional de Bellas Artes Hernando Siles”, posteriormente fue convertida en la Escuela Nacional de Bellas Artes “Cecilio Guzmán de Rojas”, por Resolución Ministerial de 1950, para después cambiar su denominación a “Escuela de Bellas Artes Hernando Siles” y finalmente, a partir del 2001, retomar su nombre original.
Estuvo bajo la dependencia del Ministerio de Educación y Bellas Artes, de la Universidad Mayor de San Andrés, bajo la tuición del Viceministerio de Cultura y actualmente del Ministerio de Desarrollo de las Culturas.