El Escribano Público era “el oficial o secretario público destinado a redactar cuanto pasa en juicio y autorizar las escrituras de los actos y contratos que se celebraban entre particulares”. Tenía el monopolio de la fe pública, que se definía como la certificación de que los actos jurídicos (testamentos, compraventa, donación, permuta, compañía, etc.) se habían celebrado definitivamente. En la práctica legal del Antiguo Régimen se consideraba que, al tener conocimiento de los actos jurídicos, toda la sociedad tomaba noticia de los mismos, por esto resultaba vital a los agentes jurídicos recurrir al Escribano Público. Su jurisdicción coincidía con los asentamientos coloniales, quedando en la práctica reducida a las poblaciones españolas. Los escribanos de la Audiencia y de los municipios también fueron conocidos como secretarios; las curias diocesanas contaban con sus propias notarías eclesiásticas, que además de dar fe a los procesos vistos en el Tribunal Eclesiástico, daban curso y fe pública a cualquier asunto tramitado en sus dependencias. La función notarial pasó a la República creándose algunas nuevas oficinas especializadas como las notarías de Minas y de Hacienda. Las parroquias cumplieron la función notarial hasta 1906 para matrimonios y hasta 1940 para bautizo. Actualmente las Notarías de Fe Pública son legisladas por la Ley del Notariado de 5 de marzo de 1858 y dependen administrativa y disciplinariamente del Consejo de la Judicatura desde la promulgación de la Ley 1817 del 22 de diciembre de 1997.